Los conflictos de fronteras para la circulación en cuarentena en el Noroeste continúan. Mientras Tucumán restringió los horarios de circulación en las rutas nacionales 38, 34, 9 y 157, y en algunos casos, por la ruta 40, en Santiago del Estero se flexibilizó, pero en el límite entre las provincias se registran las principales controversias.

Por este motivo, productores y transportistas autoconvocados protestaron en la zona del cruce de Pozo Hondo (Santiago) a Las Cejas (Tucumán. La queja coincidente a través de las redes sociales, está centrada en que no pueden circulan ni con permisos otorgados por el Gobierno Nacional, y en plena cosecha.

“Esto está sucediendo en todo la provincia de Santiago, no solamente en este peaje trucho pasando Las Cejas (ruta 130). Hay unos 20 agentes que no dejan entrar ni salir a nadie. Algo similar ocurre en otras provincias, y ni el gobernador (Gerardo) Zamora ni los otros mandatarios parecen entender que nosotros (por el campo) estamos produciendo, trabajando en las fincas y transportando a los mercados”. Así se convocaron ayer al mediodía a través de las redes sociales, los manifestantes.

En el lugar los productores, trilladores, transportistas y lugareños improvisaron una asamblea, donde expresaron su repudio a las restricciones a la circulación.

También evaluaron la intervención estatal a la empresa agroalimentaria Vicentin, con opiniones divididas pero orientadas mayoritariamente a no aceptar que el Gobierno asuma las responsabilidades sobre los activos y pasivos de la firma privada. Si bien hubo acercamiento con los efectivos policiales, no hubo incidentes.

Un empresario rural de la zona, Horacio Mariona, señaló en una entrevista radial que el Gobierno santiagueño “está avasallando los derechos de los productores”, y repudió que quieran ejercer más poder con las expropiaciones.

Al respecto, el comité “Unidad y Acción”, movimiento interno de la Sociedad Rural Argentina, apoyó a la actual directiva en su oposición “a estas arbitrarias medidas” de intervención del PEN y a “la lucha con el sector empresario argentino” para evitar la expropiación de Vicentin.

Apuntan que “el respeto por la propiedad privada, la independencia y la Justicia están garantizadas por la Constitución. “Sin ellas, nuestro país no podrá ocupar nunca su lugar en el mundo occidental”, advirtieron en un comunicado.